Los informes incorporarán cuestiones clave, que, a juicio del auditor, han tenido más trascendencia a la hora de realizar su trabajo.

El Decreto-Ley, que entró en vigor el pasado 26 de noviembre de 2017, busca medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las compañías en cuestiones sociales, medioambientales y el impacto que tienen en la sociedad.